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El estado de la transparencia tras seis meses del Gobierno de AMLO

Las adjudicaciones directas son el esquema de contratación menos transparente, pero hasta ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha optado mayoritariamente por esa modalidad.
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La adjudicación directa es una figura de excepción que, aunque legal, es vista como "el peor escenario" en materia de transparencia y combate a la corrupción.

CIUDAD DE MÉXICO. Fue una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, pero en los primeros seis meses de su gobierno el saldo en materia de transparencia tiene muchos bemoles con medidas que se contraponen.

Al inicio de la gestión se hicieron públicos los sueldos de alrededor de 1.4 millones de burócratas, a través del portal Nómina Transparente y, por otro lado, se autorizó el pago de alrededor de 85 millones de dólares para la compra de pipas distribuidoras de combustible en un proceso que careció de licitación y que fue calificado de opaco. Más adelante, los procesos iniciales en obras de infraestructura clave para la actual administración tampoco han resultado claros.

Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco, menciona al Tren Maya y al Aeropuerto de Santa Lucía como casos específicos donde considera que "existe opacidad".

En general, en la industria de la construcción, la poca transparencia se concentra en las adjudicaciones directas. Figura de excepción que, aunque legal, es vista como "el peor escenario" en materia de transparencia y combate a la corrupción.

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Aunque el nuevo gobierno tiene poco tiempo de haber asumido funciones, "sí podemos ver las señales detrás de las decisiones que se han tomado. Ahí sí tenemos marcado el horizonte de transparencia que trae el gobierno", refiere Pablo Montes, quien además de colaborar con el Imco fue parte del grupo que impulso la iniciativa ciudadana de 'Ley 3 de 3'.

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"En ese sentido, la compra más transparente y más alejada de la corrupción siempre será la licitación pública, y el peor de los mundos es la adjudicación directa, pues se caracteriza por su discrecionalidad y falta de información", expresa.

Un estudio elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) -que analiza los primeros cuatro meses de la actual administración-, reveló en marzo pasado que más de 74% de los contratos registrados en Compranet -plataforma gubernamental que pretende transparentar, simplificar y modernizar el proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública la Administración Pública Federal- recurrieron a dicho modelo.

Para junio -en solo tres meses- esa cifra pasó a 77.4%, de acuerdo con un estudio más de MCCI.

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En lo que lleva este gobierno "se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos, a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la constitución y sus principios: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", establece el estudio de la asociación presidida por Claudio X González Guajardo y María Amparo Casar.

El mismo estudio establece que la licitación pública tocó un 15.9% y el resto, poco más de 6.7%, fue a través de invitación restringida.

Al respecto, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, negó que en los contratos otorgados por la SCT para obra de infraestructura se recurra a la figura de asignación directa.

Durante una comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, realizada el 7 de mayo, el funcionario aseveró: "En esta Secretaría sólo se han dado tres contratos de poca monta por asignación directa, en función de su urgencia. En todo lo demás, no se ha dado un solo contrato por asignación".

Jiménez Espriú agregó que "no habrá una sola recomendación" para otorgar contratos a determinadas compañías.

En tanto, Rocío Nahle, secretaria de Energía, anunció a finales de junio contrataciones por invitación a más de tres empresas para iniciar con los trabajos de ingeniería en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

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Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria para la Construcción (CMIC), expresa no estar de acuerdo con las adjudicaciones directas, pues "no son transparentes y tampoco fomentan la competencia".

No obstante, estima que más allá de la figura a la que se recurre para concretar la licitación, sí existen avances en el combate a la corrupción. "Vemos un esquema diferente a lo que se tenía. (Los constructores) no han reportado solicitudes de dádivas o algún tipo de porcentaje. Nos referimos a obras que se realizan con recursos federales", asegura.

Se anuncia la creación de una Auditoria Especial en Obra Pública

Recientemente, David Rogelio Colmenares, titular de la Auditoria Superior de la Federación, anunció la creación de una auditoria especializada en obra pública.

"El desarrollo de infraestructura, por ejemplo, es un tópico siempre presente en las discusiones relacionadas con el combate a la corrupción y la rendición de cuentas (…) es por ello, que la ASF trabaja en la creación de una auditoria en obra pública", estableció el auditor durante un foro legislativo, realizado el 11 de mayo en la ciudad de Oaxaca.

Pablo Montes estima que lo importante es aumentar los niveles de transparencia en la actual administración. "Los gobiernos anteriores tampoco se caracterizaron por buenas prácticas en materia de transparencia. Lo que nosotros intentamos es evitar que se caiga en las mismas prácticas".

Menciona que en la administración pasada, en la obra del Tren México-Toluca, se detectaron varias irregularidades; ahora, "algunas se repiten en el Tren Maya". Y expresa: "No te puedo decir que los gobiernos anteriores lo hacía bien y éste está peor, pero sí esperamos un mejor comportamiento, sobre todo, porque fue una de las promesas del actual gobierno".

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