Sedatu divulga decreto de reforma a Ley de Vivienda
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dio a conocer que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Vivienda, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo.
El documento publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación precisa que se reforman diferentes apartados o fracciones de los artículos uno, 17, 22, 33 y 46; y se adicionan las fracciones X, XI y XII al artículo seis; dos nuevas fracciones XII y XIII al 38, recorriéndose la actual XII para ser XIV.
En el Artículo 1 se establece que la política nacional y los programas, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda.
Agrega que la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y privado pretenden integrar entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales, derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas.
Con las adiciones al artículo seis, se pretende promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en el país, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional.
Además impulsar medidas de orientación hacia la población para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias.
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El decreto añade que se impulsarán estrategias incluyentes para incrementar el impacto social de los recursos fiscales, con el objetivo de promover programas de vivienda a partir de la planeación para el desarrollo regional y la ordenación urbana y territorial.
La disposición, que entrará en vigor a partir del 25 de marzo, señala que los gobiernos estatales, municipales, las organizaciones de los sectores social y privado, así como instituciones de educación e investigación, darán la información para financiar
