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La crisis de las vivienderas se lleva a miles de empleados

Las empresas desarrolladoras de vivienda que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores dejaron sin empleo a más de 15,000 personas.
Vivienda
Vivienda - (Foto: Getty Images)

La crisis financiera que atraviesan las principales desarrolladoras de vivienda ya llegó a sus trabajadores.

Homex, Urbi, Geo, Sare y Ara, las empresas del sector que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), despidieron a 4,327 personas durante el primer trimestre de 2013. Estos recortes se suman a los 11,142 despidos registrados en 2012. 

Además, Homex comenzó a retrasar los pagos de los que aún son sus empleados. Este corporativo sinaloense es el más afectado por los despidos, pues recortó a 3,791 personas, y adeudaba a sus obreros, empleados y directivos, al iniciar junio, cinco quincenas de sueldo.

El pasado 27 de mayo, alrededor de 250 extrabajadores se manifestaron frente a las oficinas centrales de Homex, en Culiacán, para exigir el pago de su liquidación, pues aseguran que la empresa no les dio ninguna compensación tras el recorte, a la que tienen derecho por ley.

"El 31 de mayo fue la quinta quincena que no nos pagaron. Estamos sin dinero, con la incertidumbre de si nos pagarán. Sobre el retraso del pago sólo nos pasaron un video del director general, Gerardo de Nicolás, donde nos decía cuál era la situación de la empresa. No sabemos nada más", asegura a Obras una empleada de Homex en Oaxaca, quien dejó de trabajar ante los adeudos de sueldo.

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Para Carlos de Buen, director general del Bufete de Buen y especialista en derecho laboral, ante el incumplimiento de pagos, los trabajadores pueden seguir trabajando y demandar quincenalmente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) los pagos que les deben, o rescindir el contrato de trabajo por incumplimiento por parte del patrón.

"En este caso, el trabajador tendría que dejar de trabajar y demandar el pago de una indemnización conforme a la ley: tres meses de salario integral, 20 días de salario por cada año trabajado y una prima de antigüedad (12 días por cada año
de servicios prestados).

"Ésta es la vía a seguir más adecuada, porque les permitirá a los trabajadores buscar otro empleo mientras transcurre el juicio, pues tristemente los juicios son demasiado lentos. Si un juicio ante la Junta dura menos de cuatro años es un milagro", sostiene el abogado.

Según De Buen, la ley establece que los trabajadores son los acreedores preferentes, es decir, cualquier empresa está obligada a liquidar las deudas con sus
empleados antes que con bancos, e incluso con el fisco.

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Las vivienderas enfrentan una docena de demandas por incumplimiento de pagos y la terminación anticipada de contratos en México y Estados Unidos.

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