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La constructora FCC, de Carlos Slim, negocia pagar 18 mde por caso de sobornos

FCC negocia con la justicia de Panamá una multa a cambio de dar por cerrada la investigación por sobornos en ese país, de acuerdo con la agencia EFE, que cita fuentes confidenciales.
Carlos Slim
En paralelo, la Audiencia Nacional de España investiga a FCC en colaboración con la fiscalía Anticorrupción.

MADRID, España. La constructora FCC negocia con la justicia panameña un acuerdo para asumir una multa que podría rondar los 18 millones de euros por el pago de sobornos para hacerse con contratas de obra pública, lo que en la práctica equivale a admitir los hechos que investiga ahora la Audiencia Nacional.

Los hechos, adelantados la semana pasada por medios locales de aquel país, han dado lugar a que el titular del juzgado central de instrucción Nº 2, Ismael Moreno, haya imputado a la empresa en España por presunta corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo entre 2009 y 2015.

Se trata del pago de 82 millones en comisiones para la adjudicación de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá.

Aunque el magistrado señala a los exdirectivos de FCC que participaron en los hechos, la responsabilidad penal se dirige también contra la empresa como persona jurídica, ya que no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos, ni implementó mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas".

Lee: La justicia española imputa por corrupción a FCC, de Carlos Slim

En paralelo a la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional en colaboración con la fiscalía Anticorrupción, FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, está negociando con el ministerio público panameño el pago de una multa cercana a los 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros) a cambio de dar por cerrada la investigación en el país caribeño, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.

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La empresa ha hecho público este jueves un comunicado en el que aclara que colabora con la justicia para esclarecer si realmente sus directivos pagaron comisiones para la adjudicación de obras en Panamá, desde su compromiso de "tolerancia cero con la corrupción".

Los exdirectivos de FCC Julio Casla García y Eugenio del Barrio Gómez habrían admitido pagos del 10 % el valor de los contratos a funcionarios públicos durante el mandato del expresidente panameño Ricardo Martinelli, realizados a través de su testaferro Mauricio Cort, abogado con doble nacionalidad panameña y española actualmente preso en aquel país.

Julio Casla, director de la delegación de FCC en Centroamérica entre 2005 y 2013, es ahora gerente de Grupmas Panamá, compañía especializada en la contratación de obra pública; en cuanto a Eugenio del Barrio, la prensa panameña lo vincula a OHL, constructora que se adjudicó en julio de este año la licitación para la extensión de una línea del metro Panamá por 177,9 millones de dólares, unos 160 millones de euros.

Más información: Emilio Lozoya evita su detención por el caso Odebrecht

Se da la circunstancia de que la adjudicación de la obra, en mayo, fue impugnada por el Consorcio Villa Zaíta, del que forman parte la brasileña Norberto Odebrecht, FCC y la mexicana Operadora Cicsa, y por otro grupo de empresas, el formado por Acciona y Power China.

Asimismo, la Fiscalía panameña imputó este miércoles a 14 personas por supuestos sobrecostos y pago de comisiones ilegales, calculadas en más de 100 millones de dólares (cerca de 90 millones de euros), en una obra adjudicada a la constructora española FCC.

Según el ministerio público panameño, el proyecto concluyó con un sobreprecio de 41,7 millones de dólares (37,3 millones de euros) a los que habría que sumar el pago de sobornos hasta 100 millones de dólares.

A mediados de este año, FCC presentó en la Fiscalía Anticorrupción sendas denuncias sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los presuntos pagos de sobornos investigados, y aportó 38 facturas y transferencias libradas entre 2010 y 2014 por un importe de 82.768.849 euros, por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción. EFE

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