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Una terminación de contrato en el NAIM tomaría al menos 6 meses

Los contratistas que participan en el Nuevo Aeropuerto en Texcoco pueden aceptar la terminación, pero también optar por una controversia, argumentando que no hay una causa de interés general real para cancelar la obra.
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leyes - (Foto: iStock by Getty Images)

No menos de seis meses tomará un eventual proceso de terminación anticipada de un contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), de acuerdo con con el jurista Roberto Hernández García, socio director de la firma de abogados COMAD.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes la cancelación del proyecto del NAIM que se construye en Texcoco, Estado de México. La obra tiene un avance de 32% a la fecha, con una inversión ejercida de 60,000 millones de pesos y otra comprometida de 88,000 mdp, según cifras del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

Roberto Hernández explica que, de mantenerse la decisión anunciada, el escenario previsible después del 30 de noviembre es el anuncio del nuevo gobierno a los contratistas del NAIM -nacionales y extranjeros-, sobre la terminación anticipada de los contratos, que "es una fórmula prevista de toda la vida en la leyes de obra pública".

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Existen otras figuras para cancelar los contratos, pero no tienen lugar. Una de ellas es la suspensión de trabajos, ya que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha dicho que no sucederá. Otra es la rescisión, pero solo ocurre por incumplimiento de los contratistas, y no es el caso, explica el abogado.

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Las rutas legales que se pueden tomar

El especialista en derecho de la construcción, anticorrupción y medios alternativos de solución de controversias, mencionó que es previsible que el gobierno opte por la terminación por conveniencia o terminación del cliente.

Por esta figura se entiende el derecho de los clientes, empleadores o, en este caso, el gobierno, de dar por terminada una obra cuando hay una causa que les conviene así. En este caso, apunta el abogado, "la ley habla de las causas de interés general".

Hernández detalla que la terminación anticipada está regulada y se notifica por bitácora. Una vez que se anuncia a los contratistas, se suspenden los trabajos, se quedan las cosas en el estado en que encuentran, se resguardan y se transmiten al Gobierno. Luego se realiza una cuantificación de los gastos no recuperados que tendrá que resarcir el Gobierno.

Los gastos no recuperados, explica el abogado, "son aquellos que le implicaron a los contratistas estar en la obra y que no puedo recuperar: materiales que estaban en camino, en proceso, el personal contratado, y todo lo que implica estar trabajando de lleno en un proyecto y que, de repente, te digan que ya no".

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Ante este escenario, los contratistas tienen dos alternativas: aceptar la terminación de contrato o iniciar una controversia argumentando que no hay una causa de interés general real o por lo que ellos consideren conveniente, comenta. 

En este escenario también existe la posibilidad de que haya demandas de arbitraje de inversión por parte de aquellas empresas extranjeras que estén presentes en México, "tomando en cuenta que hubo una presencia basada en ciertas condiciones y ahora se les está privando de su derecho".

En el caso de la terminación anticipada, los contratistas pueden recurrir a un tribunal federal de justicia administrativa. En el caso de contratos que tengan arbitraje se deberá recurrir a un panel arbitral o bien a un arbitraje de inversión, detalla el jurista.

 

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