Higa reclama indemnización por la cancelación de Monterrey VI
La firma Aquos Promotora de Infraestructura, consorcio integrado por subsidiarias de Grupo Higa y por la constructora ICA, inició un trámite judicial para la designación de un árbitro que determine si tiene derecho a compensación por la cancelación del proyecto del acueducto Monterrey VI.
El consorcio inició a principíos de mayo una diligencia de jurisdicción voluntaria ante un juzgado de la Ciudad de México con el que busca emplazar al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey a que designe un árbitro que fije el monto de la penalización, de acuerdo con el diario Reforma.
Por ahora, no se trata de una demanda judicial. La designación de un árbitro está prevista en el contrato de asociación público-privada del proyecto cancelado.
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No obstante, el titular de Agua y Drenaje, Gerardo Garza, aseguró este lunes al diario que Aquos aún no ha comprobado los gastos que hizo y debe hacerlo para acreditar la procedencia de la indemnización.
En abril pasado, el gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón informó que el proyecto hidráulico no se llevaría a cabo y se estaban analizando alternativas que, en todo caso, no contemplaban a Higa e ICA.
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Gerardo Garza dijo que el contrato fija 14,100 millones de pesos como monto máximo de indemnización, pero Aquos no ha justificado el pago y además, en caso de ser ordenado, se buscará que sea mucho menor.
El acueducto Monterrey VI se proyectó para llevar agua a la zona metropolitana de la capital neolonesa desde el Río Pánuco en el estado de Veracruz a través de una tubería de 372 kilómetros, que se financiaría a través de una asociación público-privada a pagarse en 27 años.
La licitación pública nacional fue ganada por Aquos Promotora de Infraestructura, integrada por cinco firmas, entre ellas Concretos y Obra Civil del Pacífico, subsidiaria de Higa, y Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de ICA.
El proyecto, anunciado en octubre de 2012 y que costaría unos 47,000 millones de pesos, fue cuestionado por organismos empresariales, ambientalistas y civiles, que consideraban que el acueducto ocasionaría daños al medio ambiente.
