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APP, sin 'química' con los estados

El esquema podría ser aprovechado para la generación de infraestructura pública, pero lo dejan de lado por falta de conocimiento.
Hospital Regional de Alta Especialidad
Hospital Regional de Alta Especialidad - (Foto: Cortes�a Secretar�a de Salud)

Aunque tienen leyes locales de Asociaciones Público-Privadas (APP), varias entidades federativas no las aplican para crear infraestructura; entre ellas están Baja California, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, SLP, Sonora y Tamaulipas.

En las APP, los gobiernos concesionan los proyectos para que una sociedad construya, opere, mantenga y recupere su inversión y rentabilidad durante un periodo de 30 años. “Todo el riesgo recae en los privados”, explica Raymundo Reyes, subdirector del Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC).

Desde su punto de vista, hasta el momento no hay APP puras a nivel estatal. Únicamente existen proyectos no solicitados bajo la Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas, entre ellos el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (Guanajuato), la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco (Estado de México). 

“En el caso de Nuevo León no se han hecho APP, sino una especie de concesiones para que el gobierno atienda sus necesidades, con todas las oportunidades reales de que sean los privados los que se beneficien de ello”, acota Miguel Ángel Corro Manrique, director del departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

De acuerdo con Gilberto Caballero, director general del ITC, la principal causa por la que no se aplican los esquemas APP en las entidades es que los funcionarios, los legisladores, las constructoras y demás participantes “desconocen la ley”.

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“Uno de los estigmas que tienen las APP, sobre todo a nivel local, es que se piensa que su única utilidad es no ser computadas como deuda oficial, para evitar malas calificaciones crediticias”, añade Francisco Ibáñez, socio líder de Infraestructura de PwC.

En su opinión, las entidades federativas olvidan que el objetivo de esta figura es hacer instalaciones de calidad y alto desempeño, que también tengan costo-beneficio social.

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