'Sin rendición de cuentas, el PNI será un camino al infierno'
Nota del editor: Oscar Arredondo Pico es investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La inversión que se prevé en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 es de 7.7 billones de pesos, más del doble de todo el presupuesto que se prevé para 2014.
Para dimensionar este monto, el gobierno se jacta al decir que corresponde a una inversión de 70,000 pesos por cada mexicano. Cubrirlo significaría entregar absolutamente todo el dinero que se recaba por más de dos años y por todas las fuentes de ingresos y destinarlo solo a inversión sin considerar gastos en salarios, prestaciones y oficinas.
En general, se requeriría eliminar todo el gasto operativo de la burocracia nacional e invertir todo en infraestructura. No podemos negar que las intenciones son buenas; sin embargo, aquí es pertinente preguntarse si será viable lograr las metas planteadas en el PNI.
Los números alegres dan cuenta de 743 proyectos, que supuestamente se reflejaran en un crecimiento del 2% anual y en la generación de 350,000 empleos formales al año; es decir, 1 millón 750,000 empleados pagados con recursos públicos.
Solo en energía se prevé invertir 3.9 billones de pesos, pero hay otros rubros como: comunicaciones y transportes (más de 1.3 billones de pesos), infraestructura hidráulica (417,000 millones), salud (73,000 millones de pesos), desarrollo urbano y vivienda (1.9 billones de pesos) y en turismo (más de 181,000 millones). Según el Ejecutivo federal, con esto vamos a tener trenes de pasajeros, Internet para todos, nuevos yacimientos petroleros y más fuentes de energía.
El PNI resulta romántico y esperanzador, pero, si analizamos la realidad, está lleno de incertidumbre. En principio, uno de los principales proyectos —la apuesta para explotar el gas shale— podría significar un enorme daño ecológico y a la salud de los mexicanos, ya que esta técnica contamina millones de litros cúbicos de agua por cada proyecto de extracción.
Otro problema es regular la participación del sector privado, pues históricamente los compromisos conjuntos entre gobierno y particulares terminan siendo un excelente negocio que siempre supera las expectativas de los inversionistas: es práctica común que las obras se encarezcan periódicamente, sean inmunes a los recortes presupuestales y se retrasen para poder ordeñar los recursos públicos sin multas ni sanciones.
Muchos de los proyectos se encuentran previstos en los fines de fideicomisos públicos, como la construcción del Túnel Emisor Oriente —que requerirá de casi 40,000 millones de pesos—. Los recursos comprometidos en fideicomisos son difíciles de auditar, evaluar y fiscalizar, ya que al ser operaciones financieras administradas por instituciones de crédito, se encuentran protegidos por el secreto bancario fiduciario.
A pesar de que recientemente se modificó el artículo 6° constitucional y ahora los fideicomisos públicos son entes obligados a dar información, las instituciones de banca de desarrollo que pertenecen al gobierno son las primeras en ocultar información que a todas luces debería ser pública.
Los proyectos de infraestructura pública en nuestro país normalmente son terreno fértil para actos de corrupción; ejemplos sobran. Es en estos donde se presentan la mayoría de irregularidades en el gasto público y precisamente por ello es que el PNI debe estar acompañado de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas más sólidos y efectivos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la revisión anual a la Cuenta Pública de 2012, observó que de manera constante los proyectos de infraestructura en diversos entes han presentado modificaciones y diferimientos en los procesos de contratación, ejecución y puesta en marcha, así como incrementos sustanciales en sus costos.
El auditor señaló que es grave la repercusión social y económica que provocan los retrasos en la entrada en operación de las obras, así como la generación de sobrecostos con cargo al erario público. Por esta razón es necesario mejorar la planeación de las obras, en particular, en cuanto a la elaboración oportuna de los proyectos, así como la supervisión efectiva de todo su desarrollo.
Si existieran verdaderos mecanismos de transparencia en la ejecución de obras de infraestructura; si los procesos de licitación o contratación de obras y servicios fueran efectivamente los que más le convienen por precio y calidad a la nación —y no los que más convienen a los intereses particulares de proveedores y servidores públicos—; si la generación de energía que se espera obtener fuera sustentable; si tuviéramos en realidad sistemas efectivos y coordinados de fiscalización, contabilidad, evaluación, transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y sanciones administrativas y penales; entonces, el PNI sería más que una colección de buenas intenciones.
Esperemos que en 2018 estemos frente al escenario de país con el que el Plan Nacional de Infraestructura sueña. Mientras tanto, habrá que conformarse con monitorear que las buenas intenciones no se conviertan en un empedrado que lleve al infierno y sí en la infraestructura sustentable que requiere México.
