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De las privatizaciones a las concesiones en Brasil

OPINIÓN: Es necesario que Brasil permita que la IP invierta para mejorar los servicios públicos, principalmente en infraestructura.
Dossier
Dossier - (Foto: Ilustraci�n Ixchel Estrada)

En la década de 1940 en Brasil, el expresidente Getúlio Vargas estableció un modelo de desarrollo del sector industrial basado en la fuerte participación del Estado. Ese modelo económico permaneció por algunas décadas más, ganando fuerza durante las dictaduras militares, entre 1964 y 1985. En la década de 1980,  sin embargo, el modelo perdió fuerza por falta de recursos y de eficiencia en la administración estatal. Fue hasta la década siguiente que se abrió el camino para las privatizaciones. El primer paso fue la promulgación de la ley número 8.031/1990, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello, quien también instituyó el Programa Nacional de Desestatización para reordenar la posición estratégica del Estado en la economía y transferir a la iniciativa privada las actividades mal explotadas por el sector público.

El modelo de privatización consistió en la venta de participación societaria en las empresas públicas a través de acciones o por la apertura de capital en bolsa. De este programa fueron excluidas las empresas públicas que ejercían actividades de competencia exclusiva del gobierno federal, como el servicio postal, así como el Banco de Brasil y Petrobras.  

Fue a partir de 1995 que las grandes empresas estatales brasileñas de industria de base, de generación y distribución de energía eléctrica, bancos y empresas de telecomunicaciones fueron privatizados en mayor número, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). En aquel momento, la política de privatizaciones mantuvo las bases del Programa Nacional de Desestatización de 1990, pero introdujo algunas modificaciones procedimentales por medio de la ley número 9.491/1997, aún vigente.

Poco antes, en 1995, se publicó la ley que representó el marco de la regulación de las concesiones y permisiones de servicios públicos de Brasil, la ley número 8.987/1995, que también sigue vigente. En ella se establecieron las obligaciones generales y los encargos de los concesionarios y los permisionarios de servicios públicos, las reglas de licitación previa para la concesión, las características de los contratos públicos de concesión y las hipótesis de intervención del Estado o extinción de la concesión.

En la década pasada, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), el Estado promovió la concesión pública de algunas carreteras federales y abrió camino para concesiones en el sector eléctrico, que culminó en la construcción, por parte de la iniciativa privada, de dos grandes centrales hidroeléctricas – Jirau y Santo Antonio –, de algunas plantas termoeléctricas, de pequeñas centrales hidroeléctricas y de parques eólicos, para diversificar la matriz energética y evitar un riesgo de colapso.

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Hay que subrayar que durante el gobierno de Lula fue promulgada la ley número 11.079/2004, conocida como Lei das Parcerias Público-Privadas, o Ley de las PPP.
No obstante el progreso referente a las privatizaciones y concesiones hay mucho que discutir e implementar sobre el tema en Brasil. Muchas actividades aún están bajo la administración del Estado, especialmente las relacionadas con la infraestructura.

El actual modelo de transferencia del desarrollo y la exploración de servicios públicos a la iniciativa privada sigue el modelo de concesiones y de PPP iniciado por Lula. La presidenta, Dilma Rousseff prefiere no hablar sobre privatizaciones, pero parece tener conciencia de que es necesario transferir a las empresas privadas la administración de las inversiones necesarias a los servicios públicos, dado que el Estado no tiene condiciones para ejecutar todas las obras necesarias, principalmente en infraestructura. En 2012, el gobierno federal lanzó un conjunto de concesiones en infraestructura y logística, que previó inversiones alrededor de 57 billones de dólares (133 billones de reales) en carreteras y ferrocarriles, de los cuales, 34 billones de dólares (79 billones de reales) serían invertidos en los siguientes cinco años.

También en 2012, el gobierno federal promovió la licitación para la concesión de tres de los principales aeropuertos brasileños, cuyos ganadores fueron consorcios constituidos por empresas nacionales y extranjeras. En los próximos años se espera que otros aeropuertos ingresen en la fila. Las concesiones pueden abonar a la modernización y la ampliación de la capacidad de los aeropuertos para atender a la demanda de pasajeros en razón de los dos grandes eventos deportivos que Brasil recibirá en los próximos años: el Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

Otro sector prioritario es el portuario. En este año fue promulgada la ley número 12.815/13, estableciendo nuevos criterios para que la iniciativa privada pueda explorar terminales de carga en puertos públicos mediante contratos de cesión de uso. La intención es ampliar las inversiones privadas y modernizar las terminales para reducir los costos de logística y mejorar la competitividad de la economía brasileña.   

Con la nueva ley se consagra el criterio de mayor eficiencia por la menor tarifa. De cualquier manera, sea por alienación de empresas públicas, por concesiones, o bien por PPP, es urgente y necesario que el Estado brasileño permita que la iniciativa privada haga las inversiones necesarias para mejorar los servicios públicos, principalmente aquellos relacionados con la infraestructura.

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*Victor Madeira Filho
Socio fundador de MVA Abogados (Brasil) Fue considerado por la ‘Análise Advocacia 500’ como uno de los principales abogados brasileños de la construcción y la minería. obras@expansion.com.mx

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