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Ley Antilavado atacará contratación pirata en la construcción

Los constructores deberán formalizar la relación laboral con los empleados y diferenciarlos de los prestadores de servicios.
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Construcci�n-fibras - (Foto: Getty Images)

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también conocida como Ley antilavado impulsará la formalización del empleo en la industria de la construcción, afirmó Jorge Villalobos, diputado federal del PAN e integrante de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

Dicha ley cataloga a los sectores de la construcción, desarrollo inmobiliario o de intermediación en la transmisión de propiedad como actividades vulnerables, por lo tanto son sujetos a reportar nuevas obligaciones fiscales ante el Sistema de Atención Tributaria (SAT).

En este sentido, el legislador comentó que la ley no sólo servirá para que la industria de la construcción cumpla con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino "incluso para efectos del Seguro Social de sus trabajadores", ya que muchas veces los empleados que reciben su raya semanal "en efectivo" están sujetos a riesgos laborales y son reportados con una cotización laboral distinta al salario que realmente perciben o no cuentan con seguro social. 

"Lo que tratamos de hacer como política pública es que la ley antilavado sea de naturaleza transversal y que ante la falta de una legislación adecuada permita contrastar los distintos esquemas de cualquier actividad o giro comercial", dijo Villalobos.

Empleados con todas las de la ley
Destacó que si bien la industria de la construcción usa mucho efectivo para pagar rayas también recibe mucho efectivo para comprar viviendas, por lo que los involucrados deberán transparentar los recursos que usan para constatar que no caen en un delito.

Por su parte, Martín Montealegre, director de auditoría y responsable de la práctica y prevención de lavado de dinero de la consultora PWC, señala que la ley antilavado reforzará el tema laboral, sobre todo, en términos del pago de impuestos y del seguro social.

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"Es un tema sensible para la industria de la construcción. El vincular la ley a la forma en cómo se paga a los trabajadores va a traer una implicación". Por ejemplo, con una tarjeta de nómina los trabajadores están más vinculados a las empresas, porque de alguna manera ya son sus empleados, explica Montealegre.

El consultor de PWC detalló que la ley antilavado no prohíbe a la industria de la construcción realizar pagos en efectivo a sus trabajadores, porque la moneda de curso legal es el peso, por disposición del Banco de México (Banxico). Sin embargo, para no infringir la ley se debe formalizar la relación con los empleados y diferenciarlos en todo momento de los prestadores de servicios a los que no se les puede pagar de la misma forma.

Buscan corregir errores
Por otro lado, Jorge Villalobos comentó que los legisladores tienen que ser corresponsables con los órganos reguladores y la autoridad hacendaria para ir adecuando algunas de las inconsistencias que desafortunadamente se dieron de manera involuntaria en la ley antilavado, al momento de legislar y que sólo pueden ser analizadas y ajustadas en la práctica.

Debemos empezar a escuchar las preocupaciones de los distintos giros comerciales "para ir haciendo los ajustes mediante disposiciones de carácter general,  por la propia SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) o en su caso llevar estas inquietudes al marco normativo de la ley", dijo el legislador panista.

Villalobos argumentó que es necesario acercarse a la industria de la construcción para ver de qué manera se encuentran los esquemas necesarios que impulsen la generación de estímulos y equilibrios de sus empleados como el seguro social y la bancarización, para transparentar más la operatividad de las empresas.

Dichos acercamientos se podrán realizar después del 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo federal presente a la Cámara de Diputados su propuesta de ingresos y egresos, y eventualmente la Reforma Hacendaria, que a la fecha se desconoce.

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"A partir de ese momento se abren todas las ventanas para recibir opiniones, inquietudes e inconsistencias de los actuales ordenamientos  que son transversales a la propia Ley Antilavado. Nosotros estaremos muy atentos y vigilantes en abonar en beneficio de México y en que la ley permanezca en la ruta correcta en beneficio de los trabajadores y la clase económica", concluyó Jorge Villalobos.

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