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Los inmobiliarios del DF rechazan 'el rol' de policía

Piden que se revise la Ley de Extinción de Dominio del DF, pues sus clientes podrían perder sus propiedades si en ellas se comete un delito.
Vivienda
Vivienda - (Foto: Tomado de Flickr/ Omar Omar)

El sector inmobiliario apoya la revisión que actualmente realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal (DF), la cual en su artículo 50 establece que el arrendador de un inmueble deberá cerciorarse de que su arrendatario no cometa actos ilícitos en la propiedad.

El pasado 5 de junio, la Primera Sala del máximo organismo judicial del país decidió analizar el artículo 41 de dicha legislación, el cual obliga al tercero que cede la posesión del lugar a acreditar que sus actividades sean lícitas.

"Estamos totalmente de acuerdo (con la revisión), porque esta ley nos hace en parte responsables de cosas que nosotros no tenemos que ver. Quieren que seamos policías sin tener la infraestructura para serlo", dijo a Obras Federico Sobrino, profesional inmobiliario y vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex DF).

La revisión devino del amparo que solicitó un particular, debido a que un juez civil le quitó los derechos de propiedad sobre su inmueble, ya que según averiguaciones previas había sido utilizado para realizar actos de delincuencia.

"No podemos responsabilizarnos por terceros responsables del uso de suelo. Que visitemos los inmuebles, que nos cercioremos de que se le dé el uso adecuado es imposible cuando hay inmobiliarias que llevan un gran número de edificios", agregó Sobrino.

3 grandes preocupaciones
Al respecto, el diputado Efraín Morales, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), dijo que durante la reunión que tuvo con representantes del sector a finales del año pasado se aclaró que el objetivo no es que hagan labores policiales, sino que colaboren con las autoridades y les brinden información.

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"Se pedía un nivel de colaboración importante donde se pudiera reportar a la autoridad a quién se le renta y para qué", además de que podría funcionar como un mecanismo para "blindarse" en caso de que se realizara un delito en un inmueble arrendado, aseveró en entrevista.

Alejandro Kunz Bolaños, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), dijo a Obras que los administradores tienen tres preocupaciones principales con respecto a esta iniciativa de ley:

  • El peligro que tienen sus clientes de perder su inmueble si en éste se realizan actividades ilícitas.
  • No hay una instrucción sobre lo que se tiene que hacer para no caer en la presunción del delito.
  • La inexistencia de un criterio judicial sobre los lineamientos que deben seguir los administradores y arrendatarios; es decir, no hay reglas sobre las acciones que los particulares deben llevar a cabo para asegurarse de que no se delinque en la propiedad.

Con las manos atadas
Actualmente, los administradores realizan investigaciones sobre la solvencia del cliente y sus antecedentes penales, además de que se investiga al fiador; sin embargo, no pueden realizar estudios a profundidad porque la misma ley [de Protección de Datos Personales] se los prohíbe, aseguró Kunz Bolaños.

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"No tenemos facultades de autoridad, pero sí la responsabilidad", indicó.

En contraste, Morales explicó que no se viola la ley antes mencionada, ya que el fin no es hacer pública la información obtenida.

"Los datos proporcionados por las inmobiliarias generarían vínculos", pero "quizás debería trabajarse en detallar los procedimientos para reportar estos datos, buscar mecanismos que sean seguros, por ejemplo, que los documentos se sellen". 

La palabra final
Asimismo, enfatizó que "todo esto son meras presunciones, pues no hay dictamen aún". Sin embargo, informó que cuando inicien las conversaciones se tomarán en cuenta las observaciones planteadas por el sector. 

Actualmente, los legisladores esperan la resolución de la Corte en torno a las facultades de la ALDF para legislar en materia de crimen organizado. Si se llegara a resolver que no, la ALDF tendría que verificar un nuevo marco normativo para combatir ese tipo de delitos.

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