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Energía: viejas prácticas o mayor competitividad

OPINIÓN: Este sector requerirá más de 50% de una inversión total público-privada de 400,000 mdd. El resto irá a transporte, agua, turismo, etc.
Columna Celina Yamashiro (NUEVO)
Columna Celina Yamashiro (NUEVO) - (Foto: Archivo Obras)

A simple vista, todo indica que el sector energía será la joya de la corona del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2013-2018 que se darán a conocer este mes.

De acuerdo con los compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y con algunos anuncios oficiales en materia de infraestructura, el sector energético requerirá más de 50% de una inversión total público privada calculada en alrededor de 400,000 mdd. El otro 50% se destinará a los ramos del transporte, el agua, el desarrollo urbano y el turismo. 

La consultora KPMG estima que el gobierno federal pretende duplicar o triplicar las partidas federales de la administración pasada por 52,000 mdd, si se aprueba la reforma energética en septiembre.

Aparentemente, la autoridad será más proactiva en determinar los alcances reales del costo-beneficio y la viabilidad de los proyectos de infraestructura, al romper los paradigmas de obras recurrentes, cortoplacistas o aparatosas que figuran como símbolos emblemáticos de la nación.

Sin embargo, valdría la pena cuestionar si el nuevo proyecto de nación pretende aumentar de manera integral la competitividad del país o sólo busca recuperar viejas prácticas para centralizar el poder y tener el control absoluto para poder decidir sobre el desarrollo de la infraestructura sin el menor menoscabo.

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En este sentido, habrá que evaluar si la estrategia realmente tiene sentido en cuanto a las necesidades económicas y sociales del país, y con las iniciativas y modificaciones legales que se han aprobado o se quieren aprobar, porque es ahí    donde se delimitan las variables técnicas y financieras para poder materializar la infraestructura.

De lo contrario, carece de sentido impulsar un sistema ferroviario de pasajeros que sólo cuente con la viabilidad legal de los derechos de paso, si la infraestructura existente no cuenta con la curvatura necesaria y el ancho de vías para operar trenes de mediana y alta velocidad.

La misma situación se reflejaría en la construcción de nuevos aeropuertos como el de la Ciudad de México si no se contemplan otras terminales aéreas complementarias y no se satisface de forma adecuada el origen-destino y la conectividad de los pasajeros o la carga hacia su destino final. 

Si de necesidades se trata, los operadores que mueven el comercio mundial marítimo y la industria en general también esperarían que los puertos se potencialicen a través de su ampliación, de la inversión en infraestructura logística y en puertos secos para dar valor agregado a los productos de consumo interno y exportación.

No obstante, la prioridad será el sector energético, en donde se estima que el rubro de hidrocarburos requerirá la mayor parte del presupuesto, superando al ramo de electricidad, al menos, hasta que se autorice o rechace la reforma.

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Quizás lo más relevante de los PND y PNI  es que por primera vez una parte de la infraestructura se ejecutará a través del esquema de  asociaciones público privadas a nivel federal, como la construcción de cinco acueductos, lo que se traducirá en mejores fuentes de financiamiento, calidad y una mayor transparencia en el gasto  a lo largo de las concesiones. 

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*Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.

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